EL PRONTUARIO CRIMINAL DE LA MULTINACIONAL CEMEX EN COLOMBIA

La gigante multinacional CEMEX, la tercera compañía de cementos más grande del mundo, es responsable de la financiación de grupos paramilitares, de la represión contra sindicalistas y de organizar un cartel con el fin de controlar el mercado e incrementar los precios del cemento en Colombia hasta en un 36.8% del valor real, todo bajo la impunidad que le permite el pago de sobornos a las élites políticas colombianas. A este repertorio de represión, enriquecimiento, crimen y corrupción de la compañía CEMEX en Colombia se le debe sumar las denuncias que señalan a la multinacional como responsable de devorar la población de Payandé, un pequeño pueblo del Tolima a solo 20 kilómetros de Ibagué.

CEMEX SE DEVORA LA POBLACIÓN DE PAYANDÉ EN EL TOLIMA
 
La multinacional CEMEX llegó al Tolima en 1958, para el 5 de junio de 1990 el Estado otorgó a Cementos Diamante la concesión de explotación de piedra caliza número 4205 de la mina “La Esmeralda” en Payandé, municipio de San Luis, seis años más tarde Cementos Diamante fue absorbida por la multinacional CEMEX, lo que fue el inicio de grandes problemas para los habitantes de la región: demolición y desaparición de barrios, envenenamiento de las quebradas que abastecen el acueducto, contaminación del aire y el suelo, contaminación auditiva, presencia de grupos paramilitares y asesinatos, todo como resultado de la actividad minera de CEMEX en los últimos treinta años.

En la medida en la que la mina “La esmeralda” ha venido creciendo poco a poco se ha devorado barrios enteros del casco urbano de Payandé y otros se encuentran en inminente riesgo de desaparecer.

Allí donde antes había calles y casas hoy solo se aprecia la maquinaria de la empresa, mientras que los inmensos cráteres de las canteras, repletos de agua contaminada con residuos tóxicos, amenazan con expandirse hasta tragarse nuevos terrenos del casco urbano. Tal es el caso del barrio Salvador Allende, conformado por 38 casas que fueron demolidas para instalar la banda transportadora por donde circula la piedra caliza hacia las máquinas trituradoras de la empresa. [1] La comunidad de Payandé denuncia que sus hogares se encuentran amenazados por la expansión de la cantera, mientras que CEMEX busca la compra de las viviendas y solicitó la reubicación de los colegios que se encuentra en los límites cercanos a la mina, ubicada a solo 110 metros del casco urbano, por lo que la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) realizó un llamado de alerta ante la desaparición de la población y la posible ocurrencia de fenómenos de desplazamiento forzado [2].

Mientras el pueblo desaparece grandes explosiones generadas por la extracción minera constantemente sacuden a sus habitantes, con un promedio de dos temblores a la semana, por lo que desde el 2005 la comunidad de Payandé ha denunciado la generación de grietas y la constante caída de rocas sobre los techos de las casas y colegios, arrojadas desde la explotación minera. La respuesta de CEMEX ante esta grave situación ha sido el envió de trabajadores para cambiar algunas tejas, ocultando el alto riesgo que corre la población y la infraestructura de Payandé. [3]. Los pobladores afirman que llegó un momento en que temblaba todas las noches y que ahora llueve caliza, por lo que las albercas de las casas deben permanecer tapadas para proteger el agua que beben, con la que cocinan y se bañan.[4] Los habitantes no encuentran solución, las explosiones se suceden, el pueblo se sacude y CEMEX acumula grandes utilidades.

De acuerdo con los datos ofrecidos en la Resolución 01083 del 2018, expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sobre la explotación minera en Payandé, los estudios son claros al demostrar que: “Para la quebrada Chicalá, en el periodo 2016 A, el índice de contaminación ICOMI entre 0,6 y 0,8, indica que existe alta contaminación por mineralización asociada a la presencia de sulfatos, calcio y magnesio presentes en el agua y la erosión del suelo (origen litogénico y geoquímico)”. Pese a la evidencia técnica que comprueba la contaminación del agua, el suelo y el aire en Payandé como resultado de la actividad minera, el ANLA sólo realizó algunos acuerdos con la multinacional CEMEX, y hoy continúa vigente la licencia para la explotación de piedra caliza, de igual forma la autoridad ambiental no le exige a CEMEX que detenga su expansión hacia el área urbana de la población, ni existe un control real para impedir la ocurrencia de temblores generados por la extracción de piedra caliza. [5]

La mina produce 200 mil toneladas de caliza mensualmente, sus directivos han afirmado que bajo el corregimiento de Payandé se encuentra “buena parte de la mina”, por lo que se espera que la multinacional continúe su expansión. Pese a que CEMEX llegó a Payandé con un discurso de progreso para la región y su comunidad, la población no ve mejoras sino por el contrario, denuncia que desde la llegada de Cemex no se ha construido el primer hospital. Después de treinta años el balance para la población es de solo pérdidas. [6]

Con la llegada de Cemex se instaló una banda transportadora de material extraído, desde la mina en Payandé hasta la fábrica en Caracolito. Para agosto del 2012 la alcaldía de San Luis ordenó la suspensión de la banda transportadora por el riesgo que representaba para las comunidades que vivían bajo su funcionamiento, sin embargo no pasaron 2 meses para que se volviera a activar gracias a la autorización de Cortolima, bajo la promesa de cumplir controles y seguimiento [7].

La promesa de seguimiento y controles no sirvió de nada y en el 2017 el municipio de Payandé quedó incomunicado por un temblor ocurrido en el mes de febrero, el cual generó un derrumbe justo en la región donde se encontraba la banda transportadora sobre la vía que conduce a Ibagué. [8]

Sin lugar a duda la presencia de CEMEX amenaza con la desaparición de la población de Payandé, como con el desplazamiento de los habitantes originarios del municipio de San Luis, ya que desde la llegada de la multinacional sus poblaciones han presentado un crecimiento poblacional negativo. Según los datos censales del DANE para el 2005 la población del municipio de San Luis era de 19.262 personas, mientras que para el censo del 2018 la población tenía solo 19.130 habitantes, de manera que en 13 años no solo no se presentó el incremento normal de población sino que, por el contrario, se presentó un pequeño decrecimiento, por lo que es evidente que la presencia de CEMEX ha alterado la curva de crecimiento normal de la población en los últimos años. Los datos muestran su significado al ser comparados con el comportamiento demográfico del departamento del Tolima para el mismo periodo, en donde la población pasó de 1’365.342 a 1’419.957, por lo que el municipio de San Luis y Payandé constituyen un caso anómalo en el ritmo de crecimiento poblacional del departamento del Tolima.

La alteración del ritmo de crecimiento del municipio de San Luis está directamente relacionada con el desplazamiento que se ha generado por la amenaza medio ambiental de la mina “La Esmeralda” pero, además, la violencia y la presencia de grupos paramilitares financiados por CEMEX constituye otro factor de desplazamiento.

CEMEX: PARAMILITARISMO Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

La alarma ambiental no es la única que tiene en vilo a los payaneses, según una sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 2014, el antiguo dueño de cementos Diamante, Gustavo Giraldo, había pagado a un grupo paramilitar perteneciente al bloque Tolima de las AUC, 40 millones de pesos para que cuidaran la mina de piedra caliza de “La Esmeralda”, la misma que se encuentra actualmente en manos de CEMEX desde su compra en 1996. La expansión paramilitar se apoderó del municipio desde el año 2000, como resultado de las órdenes de Carlos Castaño, con la instalación de centros de mando en varias fincas de San Luis, uno de ellos con un punto de comunicación en Payandé. Entre el 2000 y 2004 los 3 comandos que se habían establecido allí, cometieron masacres que generaron terror y desplazamiento en las poblaciones de San Luis y la región aledaña.

De acuerdo a los testimonios ofrecidos por los exparamilitares Jhon Freddy Rubio Sierra, Ricaurte Soria Ortiz y Humberto Mendoza Castillo, la multinacional CEMEX fue uno de los principales financiadores del grupo paramilitar Bloque Tolima de las AUC. Según su relato la empresa entregó millonarias cifras a los paramilitares, mientras que los terrenos de la mina de la vereda Luisa María en el municipio de San Luis –Tolima, propiedad de Gustavo Giraldo Duque, empresa filial de Cementos Diamante, fueron usados como base de operaciones para la expansión del grupo criminal en la región. [9]
Para el mismo tiempo en el que CEMEX financió grupos paramilitares y pagó por vigilancia para la mina “La Esmeralda” en Payandé, de acuerdo con los archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica y el CINEP, en el mismo municipio se presentaron 11 asesinatos selectivos, ocurridos entre el 9 de septiembre del 2000 y el 28 de noviembre del 2005. Entre las personas asesinadas se encuentra el periodista Carlos Restrepo en el año 2000, la ejecución de Nelson Fernando Gómez en el 2003, cuyo caso el CINEP considera como el resultado de persecución política, el asesinato de Carlos Humberto Velázquez perteneciente a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en el 2004, como dos casos de tortura y posterior asesinato de personas con protección especial.

En el 2006 el Tribunal Permanente de los Pueblos denunció a CEMEX, la multinacional de origen suizo Holcim y la ladrillera Santa Fé por estar involucradas con el asesinato de líderes sindicales en Colombia, el Tribunal se refirió al caso de los asesinatos realizados contra el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Minercol Ltda (Sintraminercol).[10] Los grupos paramilitares continúan su presencia en la región ya que, para el año 2015, El Universal denunció la presencia paramilitar en San Luis por el grupo auto-denominado “Comando Militar Central Pijaos Nueva Generación”, que no serían otros que los paramilitares del extinto Bloque Tolima de las AUC, ahora con distinto nombre. [11]

CEMEX Y EL CARTEL DE LOS PRECIOS DEL CEMENTO

En el 2008 la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a las compañías CEMEX, la multinacional Holcim y Cementos Argos por la conformación de un cartel ilegal para el control y la manipulación de los precios del cemento en Colombia durante el segundo semestre del 2005. Estas tres compañías, que constituyen un monopolio que controla el 96% del mercado del cemento en Colombia, luego de ser sancionadas por la Superintendencia con una multa irrisoria que no superó los 2.000 salarios mínimos, pese a ocasionar un grave daño al usar su poder monopólico para elevar los precios del cemento en el país, para el 2018 el Consejo de Estado ratificó las sanciones de la Superintendencia contra las compañías.[12]

El cartel del cemento se burló de las sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio del 2008 y, mientras apelaban en los tribunales esta decisión, continuaron con la manipulación, el control ilegal e incremento de los precios del cemento en Colombia, con inmensas ganancias para estas empresas y graves daños para los sectores populares, pues esta práctica monopólica incrementó el costo de la vivienda popular y los materiales de construcción durante décadas, con investigaciones desde 1997.

De nuevo para el 2017 la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a CEMEX, Holcim y Argos por realizar acuerdos para la manipulación de precios desde enero del 2010 a diciembre del 2012, frente a lo cual las compañías realizaron una nueva apelación ante los tribunales. Lo peor de este caso es que muchas investigaciones realizadas por la Superintendencia contra el cartel del cemento han terminado con un simple acuerdo de compromisos[13], por lo que la justicia colombiana ha sido cómplice de la manipulación de precios de esas compañías que ha llegado a un sobrecosto que supera el 36,8%.[14]

CEMEX: DAÑOS AMBIENTALES EN EL CASO DEL RÍO TUNJUELITO EN BOGOTÁ

Durante décadas las compañías CEMEX, Holcim y San Antonio son responsables de la extracción de minerales de la cuenca hidrográfica del Río Tunjuelito en Bogotá, con gran afectación en las localidades de Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Kennedy y Bosa, zonas altamente pobladas. Estas empresas desviaron las aguas del Río Tunjuelito para su beneficio en 1968, 1874 y 1997, lo que ha generado un grave daño a las reservas de aguas subterráneas, la normalidad del cauce del río y la remoción de material pétreo, provocando la inestabilidad de los suelos, con la amenaza de graves deslizamientos e inundaciones en estas localidades. [15]

Desde que comenzó la actividad extractiva en la localidad de Usme y, con ella, la alteración del cauce del Río Tunjuelito, el problema de las inundaciones en época de lluvias se ha vuelto crónico en las localidades del sur de Bogotá, como es el caso de los barrios Tunjuelito y Abraham Lincoln en la localidad de Tunjuelito. Tres han sido los eventos más alarmantes que pusieron en riesgo la vida de miles de personas de los barrios populares del sur de la ciudad, las grandes inundaciones registradas durante los años 1959, 1993 y 2002[7]. Entre ellas la más grave fue la registrada para el 9 de junio del 2002, para entonces 600 casas y 22 manzanas de los barrios populares de Usme quedaron bajo tres metros de agua,[16] mientras que 30 millones de metros cúbicos de agua fueron a parar a los inmensos cráteres generados por la extracción de materiales de construcción de las canteras de CEMEX, Holcim y la Fundación San Antonio[17].

Inundaciones constantes, riesgo persistente de deslizamientos, graves afectaciones a la salud y afecciones respiratorias, problemas sanitarios por la presencia abundante de mosquitos que se reproducen en las aguas empozadas de la cantera, es lo que décadas de explotación minera ha traído a los habitantes del sur de Bogotá el lucrativo negocio de la multinacional CEMEX en las canteras de Usme. Al respecto, Alfredo Prada, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Danubio Azul, en el 2014 afirmó: “Desde hace varios años venimos con ese problema, cuando uno está comiendo, en los platos de nuestra comida queda el sisgo que eso bota, de ahí sacan arena, gravilla como explotación minera, nos vienen diciendo que van a quitar esas canteras, pero no, porque el poder del dinero aplasta todo y la voz del pueblo no es escuchada por el Gobierno Nacional, ellos defienden los intereses privados”. [18]

CEMEX Y LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA

A pesar de las denuncias por financiación de grupos paramilitares y la represión contra organizaciones sindicales, por conformar un cartel para la manipulación y elevación de los precios del cemento en Colombia durante décadas, por los irreparables daños ambientales al Río Tunjuelito, por devorar y amenazar con la desaparición de la población de Payandé en el Tolima, la multinacional CEMEX continúa operando en Colombia con impunidad, lo que solo es posible gracias a la corrupción de las elites políticas que se han beneficiado con grandes cantidades de dinero en sobornos por parte de la Multinacional, influyendo también en las decisiones jurídicas de jueces y tribunales. Para junio del 2019 se supo que CEMEX entregó un millón de dólares a funcionarios de gobierno durante la reelección de Santos, lo cual se realizó a través de la conformación de uniones temporales involucradas en la construcción de casas gratuitas lideradas por Germán Vargas Lleras.

De igual forma se tuvo conocimiento de la entrega de dinero de CEMEX a los partidos políticos que en las últimas décadas han dominado el congreso, así le entregó 700 millones a cada uno de los siguientes partidos: Partido de la U, Cambio Radical y Partido Liberal, para un total de 2.100 millones como donación de CEMEX a la corrupción política de las élites y como garantía para continuar sus operaciones en Colombia. [19]
DENUNCIA CEMEX INTERNACIONAL.

Desde el 2017 el movimiento Bicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel (BDS) viene realizando la campaña mundial “Parar a CEMEX”, en la cual se denuncia que la multinacional es cómplice del Estado de Israel en el despojo y genocidio que se viene realizando contra el pueblo palestino, ya que desde el 2002 la empresa ha sido la encargada de la construcción del muro de 273 km que funciona como una herramienta para el despojo de tierras, el confinamiento y la guerra que desde 1948 viene adelantando Israel contra los palestinos. CEMEX hizo caso omiso al llamado internacional por detener la construcción del muro, pese a que este fue declarado ilegal por la Naciones Unidas en el 2004.[20]


[1] Payandé, Tolima, a punto de ser “devorado” por Cemex S.A. Prensa Rural.
[2] CODHES 2018.
[3] El Tiempo 2005.
[4] S.O.S POR LA GENTE DE PAYANDÉ, TOLIMA. Revista La 13.
[5] ANLA. Resolución 01083 del 16 de julio del 2018
[6] Payandé, Tolima, a punto de ser “devorado” por Cemex S.A. Prensa Rural.
[7] RCNradio, 1993/2012
[8] Caracolradio, 2017
[9] ¡Alto a Cemex! El Turbión.
[10] ¡Alto a Cemex! El Turbión.
[11] CNMH, 2013
[12] Consejo de Estado confirmó que hubo cartel del cemento en 2005
[13] Consejo de Estado confirmó que hubo cartel del cemento en 2005
[14] Sancionan a Cemex, Argos y Holcim por cartel del cemento. Tigo Une.
[15] El río Tunjuelo muere al ritmo de la minería en Bogotá El Turbión.
[16] Control de inundaciones del Rio Tunjuelito. U Distrital.
[17]Tunjuelito sigue inundado. El Espectador.
[18]La minería en el sur de Bogotá, tan grave como el desastre ambiental del Casanare.RCN Radio
[19] Millonario escandalo. Colombiano Indignado.
[20] ¡Alto a Cemex! elturbion

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