[Documento histórico] Solidaridad con la lucha estudiantil en Nuevo León (1971)

El documento que a continuación reproducimos tiene como contexto el momento más álgido de movilización estudiantil en el estado de Nuevo León. Para este momento, la autonomía otorgada  la Universidad se ve amenazada por la propuesta de crear una “Asamblea popular” es decir, un organismo con nombre rimbombante pero que en esencia establece la injerencia de las centrales obreras priístas y los grupos empresariales dentro de la universidad.

Cuando en la Escuela Nacional de Economía se discutía cómo solidarizarse con el movimiento que buscaba detener la creación de la Asamblea popular, un grupo autodenominado de base de la izquierda independiente presentó ante el pleno el siguiente documento en el que analiza los diversos actores de la lucha en Nuevo León, un análisis de la represión a la que se enfrenta el movimiento y un posicionamiento claro en pos del fortalecimiento de la lucha revolucionaria.

El 10 de junio de 1971 se perpetuó la represión a una marcha solidaria con el movimiento en Nuevo León.

Documento presentado para la discusión en la Asamblea de la Escuela Nacional de Economía el 2 de Junio de 1971[1]

Referirnos al conflicto de Nuevo León en términos de clase significa tratar de entender –a partir de causas reales- los intereses que se juegan, las contradicciones que se producen y el sentido que pretenden darle cada una de las fuerzas participantes; dejar claro en última instancia el papel que tienen que cumplir el movimiento de masas y como éste puede ser conducido a servir a los interese de clase en el poder o a sentar las bases de una política revolucionaria.

El problema se nos presenta como un conflicto universitario. En ese marco general concluyen y se dan las distintas posiciones políticas que definen los objetivos; las líneas, las tácticas, las estrategias en juego.

En el nivel de las apariencias – y hay quienes gustan de convertirlas en profundas postulaciones “democráticas”- pueden deslindarse dos posiciones: la de los “autoritarios” encabezados por el gobernador Elizondo que impulsa la represión, sostiene la necesidad de una asamblea popular que gobierne la Universidad y la aplicación de la nueva Ley Orgánica. Por otro lado los que pretenden ubicarse como “democráticos” (Casanova, Ulises Leal) postulan la necesidad del diálogo democrático, el respeto a los recintos universitarios, y la defensa de la autonomía y la abrogación de la Ley Orgánica. Veremos más adelante como ambas posiciones no son sino la expresión de un juego politiquero –el estilo propio como la burguesía mexicana dirime sus conflictos circunstanciales- y poner al desnudo que tales fuerzas son una y la misma y que la contradicción se establece en función de la potencialidad subversiva y revolucionaria del movimiento de masas.

Cabe preguntar por lo tanto ¿Cuáles son los intereses verdaderos que las fuerzas burguesas así definidas se juegan en el plano de este movimiento universitario?

Históricamente – en el terreno de la distribución funcional que a cada sector burgués le correspondió cumplir- la burocracia política se definió y se desarrolló como aquella que cumplió las funciones propiamente políticas de dirección administrativa, legislativa y de control de las organizaciones gremiales del sistema en conjunto. Por otra parte –en términos de una política económica de fomento e inversión infraestructural que la burocracia puso en práctica- se allanó el camino de la confianza política y de rentabilidad de la inversión- y en tales condiciones la iniciativa privada pudo cumplir las funciones propias del aparato productivo: industrializar al país, repartirse el mercado interno, etc. Son sólo dos aspectos de una política de clase. Puesto que unos, los administradores, decidían las cuestiones políticas en función de las necesidades del sector privado y estos tomaban decisiones de orden económico tomando en cuenta el sentido de la política pública, su disponibilidad para ayudar y fomentar la inversión privada. En conjunto, esta era la división del trabajo de una clase social que creaba y desarrollaba su mecanismo de poder para conservarse y desarrollarse como clase dominante.

Los explotados fueron al botín de este proceso. Todo se redujo a poner en práctica los mecanismos de control y de explotación de la burguesía como clase, sobre los obreros y campesinos.

Hoy en Nuevo León, ambas fuerzas; la burocracia política y el sector empresarial se juegan su destino en el corto plazo. El punto de partido es una contradicción aparente puesto que esta asignación de funciones se ha cumplido sin fisuras y de modo satisfactorio en el largo plazo. Pero cuando Elizondo llega a la gubernatura del Estado, impulsado por el sector que cumple eficientemente las funciones económicas, se toma la atribución de interferir el libre juego politiquero y hasta desplaza de puestos públicos a funcionarios menores para imponer prominentes empresarios en puestos burocráticos. Pero esta contradicción es absolutamente secundaria. Se resuelve en el mismo proceso de regateo de las fuerzas burguesas. En términos más precisos lo que se juegan en Nuevo León es como distribuir las funciones burocráticas de tal manera que mutuamente salgan beneficiadas. En otras palabras como distribuir la gubernatura del Estado, la dirección de las organizaciones gremiales, la dirección del PRI estatal y las funciones económicas del Estado, de tal manera que se beneficien y fortalezcan los intereses homogéneos de la burguesía en su conjunto.

En este marco pueden definirse más claramente las dos fuerzas, el llamado grupo industrial Monterrey encabezado por el actual gobernador Elizondo y por otra parte el grupo de Martínez Domínguez cuyos instrumentos más reconocidos son Ulises Leal, al cacique de político de Nuevo León, Bonifacio Salinas Leal y hasta hace poco el líder espurio CTM que tenía 20 años en su cargo Rodolfo Gaytan. Alrededor de estas dos fuerzas burguesas se establece el juego politiquero. A nivel nacional se define la fuerza, todo dependerá ahora de la habilidad de cada una de ellas, de su capacidad de manipular a las masas, del control de cada una de las que se pueda lograr en el proceso conflictivo y en especial de su habilidad para negociar entre si la asignación de funciones. En este sentido pueden situarse las declaraciones supuestamente de Ulises Leal, González Casanova, Flores Olea que llaman a la defensa de la autonomía y piden la derogación de la Ley Orgánica. Queda claro que conforman y orientan una opinión política –puesto que son burgueses y defienden sus intereses en el sentido de la burocracia política.

¿Cómo plantear entonces la solidaridad? ¿En términos de apoyar a los “democráticos” ilusionar a los estudiantes con la política del peticionismo y de la democratización de la Universidad? Expliquemos la cuestión y definamos nuestra postura. Por principio debe quedar claro que el proceso represivo que los estudiantes viven en Nuevo León se da al margen del juego politiquero explicado anteriormente, Toda lucha de masas –aún en términos penitenciarios- como ha sucedido históricamente (alza de salarios, democracia sindical, reforma universitaria, etc.) se enfrentan tarde o temprano con el muro represivo. Esto significa que el Estado no tiene capacidad de negociación con el movimiento de masas. Los mecanismos normales de control son la represión brutal y abierta contra cualquier movimiento de masas que escape momentáneamente a su influencia. Tarde o temprano las necesidades de reprimir por parte del Estado se convierten en una tarea inaplazable.

Por eso, quieras o no, el ambiente de represión y antidemocracia es el ambiente natural, un dato, que contabilizamos en nuestra acción política concreta y no una justificación de la política del fracaso como la hacen las corrientes reformistas.

En el caso concreto que tratamos ¿Por qué se da la represión? porque persiste para el grueso de los estudiantes la disponibilidad de la acción política (se sostiene  huelga indefinida, los enfrentamientos a la policía, etc.) porque todo movimiento de masas lleva en si mismo su potencialidad revolucionaria a pesar de la política reformista; y lo más importante, porque por primera vez en la historia de los movimientos de masas de México surgen planteamientos políticos que niegan prácticamente el reformismo prevaleciente.

Por ello cabe dejar sentado un hecho básico. En el movimiento estudiantil de Nuevo León han surgido dos corrientes contrapuestas cuyo enfrentamiento define ya el destino del movimiento, su producto, sus enseñanzas y el deslinde definitivo de quienes postulándose como revolucionarios le sirven objetivamente a la burguesía y por otra parte la de aquellos activistas que desarrollan su militancia revolucionaria del lado de los explotados. Los planteamientos de la corriente reformista se reducen a la política de la democratización de la Universidad (en sus diferentes variantes: reforma educativa popular, cogestión, cogobierno, autogestión de las instituciones de educación superior que se resume en la creación de una alternativa democrática) manifestada en la trillada política del peticionismo. En Nuevo León se concretiza en las peticiones de derogar la ley orgánica, defensa de la autonomía, qué ¡Oh sorpresa! Tienen un extraordinario parecido con las postulaciones de Ulises Leal, los González Casanova y de los Flores Olea. Estos últimos saben su asunto: defienden sus intereses. Las corrientes reformistas a nivel de organismos estudiantiles pretenden radicalizar el movimiento con la utópica idea de que la Universidad puede desconectarse de las funciones específicamente burguesas –como preparas cuadros que sostengan su ideología y racionalicen la acumulación capitalista que el sistema le asigna; o aislarla desconociendo la característica esencial del mismo –su represividad- y hacerla “democrática”. Queremos pensar que estas corrientes le sirven al sistema inconcientemente.

A la corriente revolucionaria no le interesa el juego políticoquero. Parte de una crítica radical de la Universidad; analiza su papel como institución burguesa, el contenido de la enseñanza y la utilización de los egresados como defensores y racionalizadores del sistema. Estos planteamientos explican su actitud de rechazo al semestre electivo, su rechazo a la Universidad y su oposición al juego politiquero; en este sentido la orientación clasista que le dan al movimiento enfrentándolo contra la burguesía y no predisponiéndolo a la tranza o la negociación. Pero esto no es todo. La perspectiva no será ya la derrota, la frustración y la impotencia, sino el desarrollo y la profundización de estos planteamientos (crítica de la Universidad, crítica del movimiento estudiantil y crítica del movimiento revolucionario) cuyo carácter subversivo implica la instrumentación de una organización “clandestina”.

Por todo lo anterior, cuando aquí se discute el apoyo y la solidaridad con el movimiento de Nuevo León tenemos que hacer este tipo de distinciones y no establecer una adhesión en abstracto. Nosotros planteamos la necesidad de apoyar la corriente revolucionaria y esto implica que a partir de los planteamientos que sostiene hacer la crítica de nuestra propia universidad, su carácter de clase, su estructura represiva, el papel de policía de las autoridades universitarias que cuidan el orden y las buenas maneras así como del patrimonio de esta institución burguesa. Adicionalmente implica también desenmascarar las posiciones seudorevolucionarias que se escudan tras los funcionarios “democráticos” del sistema educativo y también de aquellas corrientes ilusionadoras que pretenden democratizar la Universidad y lo único que hacen es llevar al movimiento estudiantil a la cola de la burguesía.

La mediación de Bravo Ahuja se inscribe en el marco del juego politiquero, el estilo propio de hacer las cosas de la burguesía mexicana. Se negocia entre las dos fuerzas burguesas el reparto de funciones administrativas y policiales en el Estado de N.L. y contra el movimiento estudiantil –verdadero polo de la contradicción-, se unifican los criterios de ambas fuerzas para continuar la escalada represiva. Terminada la fase del regateo, podrá sacarse una junta de gobierno en sustitución de la Asamblea popular o se integrará una comisión legislativa de estudio etc., la represión contra los estudiantes de Nuevo León se intensificará hasta quebrar toda la posibilidad de que el movimiento masivo persista. El gobierno Federal no cederá ante el movimiento estudiantil. La política reformista sostiene las ilusiones de una solución favorable al movimiento, sin embargo este persiste masivamente y desarrolla los planteamientos de una política revolucionaria que un gran sector apoya conscientemente. Esto último empuja hacia un enfrentamiento contra el sistema y la represión será la respuesta lógica del régimen. Por ello quienes piensen que pueden apoyar al grupo de los “democráticos” Martinez Dominguez, Casanova, Flores Olea, Ulises Leal o defender el derecho a participar en el gobierno de una institución burguesa, inobjetablemente se colocan al lado de los explotadores. Nosotros planteamos el enfrentamiento contra el sistema en términos de una política revolucionaria que los estudiantes de Nuevo León –con disponibilidad combativa- aportaron ya en el proceso de la revolución socialista.

En tal perspectiva la manifestación que se propone la apoyamos no con los funcionarios burgueses al frente ni con la política reformista de las organizaciones de izquierda sino bajo la consigna de iniciar el enfrentamiento revolucionario contra el sistema.

(Un grupo de base de la izquierda independiente)

[1] Texto extraido de El 10 de junio y la izquierda radical de Manlio Tirado, Jose Luis Sierra y Gerardo Davila, Editorial Heterodoxia (1971)

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